viernes, 28 de septiembre de 2018

¿Cómo fue que se perdió la huelga?

Lo que voy a decir es una reflexión fría, desapasionada, que no tiene otro motivo que llamarle piedra a la piedra y sal a la sal.
La gran debilidad de esta huelga es que no apostó por lo político sino por la fuerza. Únicamente lo hizo por las vías de hecho. No privilegió el análisis político ni midió los riesgos políticos. La huelga empezó sin ser un problema político y se concibió como un rompecabezas logístico.
La pregunta fue una: ¿como inmovilizar al gobierno con un despliegue relámpago, uniforme, motivado y hercúleo de los servidores del sector público?  La logística lo cubrió todo en total demérito de la política y la razón. La burocracia gremial quiso ganar por nocaut técnico en los primeros asaltos. El gobierno se guareció contra las cuerdas. La dirigencia sindical lanzó la artillería pesada y la caballería al poco del primer estruendo de batalla, en un desgaste sin mucho sentido en contra del Ejecutivo y sin martillar al Legislativo.  Gran error porque la cancha y la bola siempre estuvieron en el parlamento. El gobierno siempre lo supo y de ahí se salió lo estrictamente necesario, que la verdad, fue muy poco. Carlos Alvarado no se desgastó y no tuvo bajas que lamentar. Su popularidad decayó, es cierto, pero es un precio muy bajo, a la escala de molestia, que un Presidente honesto paga para erguirse como estadista y no como un vulgar demagogo.
Lo otro, para perder esta huelga, es que los sindicatos ignoraron la personalidad del Presidente.  Ignoraron su juventud, su ecuanimidad, su energía, su don de mando y su entereza moral. Olvidaron que es hombre de propias y pulidas convicciones, ellas sólidas, que en una balanza ética él tiene por sagradas. Ignorar esto de un general al que se combate es, no otra cosa, que fatal, una irresponsabilidad “bélica” en un campo de groserías donde el análisis cedió toda la grama a los impulsos de la fuerza arbitraria.   
Porque cuando uno quiere derrotar a un enemigo bien se hace si se miden las virtudes y los defectos para dibujar el perfil del combatido. El sindicalismo quiso jugar al general Wellington pero como Napoleón cayó abatido en su propio Waterloo.  El enemigo a vencer no era solamente el Ejecutivo, sino primariamente el Legislativo y en alguna medida también Judicial.
En otras palabras: la bronca era con el Estado. Don Albino, el gran general de su Waterloo, nunca lo vio así.  Ni vio pasar siquiera la insinuación. En su soberbia don Albino leyó pésimo la coyuntura e hizo suya la franquicia de la fuerza bruta o arbitraria, arrastrando tras ella a muchos dirigentes sindicales honestos y a parte de un pueblo que merece un mejor destino que no sea el de sorber una ácida derrota.
El Presidente ha estado aguantando en su esquina pero tejiendo las alianzas legislativas, persistente, colocando en su justa medida la barahúnda y evitando las provocaciones. El Presidente no perdió el tiempo y concentró su pegada donde se debe infligir: en la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que ahora vemos que se tramita en el plenario del Parlamento. Si  la huelga persiste en seguir siendo una huelga en contra de Carlos Alvarado, seguirá gastando pólvora en zopilotes.
Hoy la presión la tienen los dirigentes sindicales. La curva descendente del entusiasmo ya empezó a pronunciarse y ya navegan ellos contrarreloj.  De hecho lo que ahora negocia la dirigencia gremial es su rendición. Pero no una rendición cualquiera. La rendición buscada es una que parezca una victoria. Una rendición que no huela a derrota y humillación. Una rendición que no aliente en su contra el descontento ni la sublevación entre las bases sindicalizadas, y una rendición que no ponga en peligro la hegemonía de una burocracia parásita que se alimenta de la organización sindical y de sus relaciones de poder con el propio Estado.
La estrategia del nocaut técnico tenía sentido en el escenario de una huelga general que nunca se dio. La burocracia sindical la simuló con los bloqueos, y paralizando algunos servicios en el sector público donde destacan los de la Caja y los del Magisterio Nacional. El camino para triunfar era uno: una huelga general contra el Estado cuya plaza a tomar  era la Asamblea Legislativa y no Zapote.
Al no conseguirse la huelga nacional, la huelga en el sector público tenía que parecer nacional, tenía que parecer malcriada y tenía que parecer muy poderosa.  El bloqueo de las vías públicas, las marchas multitudinarias, la interrupción en la distribución de gasolina y el paro servicios fundamentales en el sector público, tuvieron el doble objetivo de intimidar al Gobierno y de darle a los huelguistas (y simpatizantes) un falso horizonte de océano. Solo lo segundo se cumplió. El tiempo no perdonó  y la estrategia se derrumbó.

lunes, 24 de septiembre de 2018

Reflexiones desde la izquierda sobre la huelga

Ciertamente me causa asquillo la perorata insulza en contra del derecho a la sindicalización y a la huelga. No por ello estoy obligado a apoyar esta huelga, porque decir huelga no siempre es sinónimo de razonabilidad y justicia. A los huelguistas lo asisten buenas razones, preocupaciones justas, pero los métodos coercitivos de algunos de ellos son ingratos a los derechos de otros ciudadanos. La huelga del "todo o nada" no se justifica. La intransigencia sindical no es la mejor ruta. Empero, esta huelga tiene la virtud de haber obligado a un debate nacional. Nos lleva a debatir sobre la justicia o no de los impuestos, sobre las exoneraciones, sobre la deuda pública y la evasión fiscal pero, sobre todo, sobre la evasión de un sector de grandes capitalistas que no tributan ni su renta ni sus ganancias.
Para arrinconar a las cámaras patronales para que ellos y sus empresas paguen como ricos y nada evadan, para que tengan sobre sus hombros el peso principal del financiamiento de los servicios del Estado, los trabajadores necesitamos un gobierno de los trabajadores, que afirme el poder y la hegemonía de los trabajadores, cosa que NUNCA ha ocurrido en el mundo. He aquí una primera simplificación a meditar y que es un ejemplo salido de la realidad. Por supuesto, nunca se debe renunciar a la exigencia que los ricos tributen como ricos y ello es, en alguna medida significativa, posible en nuestra democracia.
En Costa Rica el PT pide cada 4 años el voto para un gobierno de los trabajadores y frente a dicha propuesta la sordera del pueblo es aplastante. El pueblo hasta se mofa, ingratamente, de dicha propuesta. El Frente Amplio no pide tanto como un gobierno de los trabajadores, pero cuando sacó muchos votos y muchos diputados dilapidó irresponsablemente dicho capital moral y electoral. Las mentes cuerdas de la izquierda no desconocen esta realidad fiscal tal como es, porque para transformar dicha realidad se necesita verla tal como es, en su dinamismo, para proponer su reforma que es una demanda constante.
Lo que en el fondo nos queda es esta democracia, muy nuestra, enclavada en la única realidad económica que existe que es la capitalista (sin demeritar los islotes que encuentran los antropólogos en sentido contrario) que a su vez es el marco de las posibilidades democráticas y de progreso inmediatas dentro de los límites que dicha realidad impone, límites que deben ser revisados democráticamente cuando de ello haya necesidad.
De manera que en esta realidad “burguesa”, donde ciertamente la razón del capital es su columna vertebral , es la que ahora existe, que no por ello debe dejar de ser cuestionada. A mi me tuerce la nuca que los sindicatos sean incapaces de tener sus propios diputados y sus propias aspiraciones de gobierno. El problema central es que el sindicalismo en Costa Rica es 100% gremialista, uno que no cree en algo que se podría llamar “poder propio”, un sindicalismo que no aspira a ser él mismo gobierno sino cliente del gobierno de turno.
Son los propios dirigentes gremiales quienes subordinan a los trabajadores a la carreta burguesa de la política escrita con mayúscula. No saben a dónde ir o prefieren, los burócratas gremialistas, estar donde están y conciliar cada vez que se pueda con el orden capitalista establecido. El sindicalismo así entendido y practicado no es en esencia progresista y, en no pocas ocasiones, es muy regresivo y conservador. Conviene distinguir entre el burócrata gremialista y los trabajadores afiliados, pues los primeros tienen intereses propios de casta y privilegio que no necesariamente coinciden con los intereses de los agremiados. Un caso es la ANEP, que se distingue por su manejo autoritario, clientelar y caudillista, personalísimo, en la figura de don Albino Vargas.
Ni la derecha ni los gobiernos han sido tontos. Siempre han privilegiado la interlocución de don Albino. Igualmente lo hacen los más importantes medios de comunicación colectiva y el resto de los organismos sindicales del sector público. Los primeros, porque con él se puede pactar; los segundos, porque amplifican su presencia; y los terceros, porque en una suerte de pusilanimidad le ceden a don Albino la primera plana y el show mediático que a este señor tanto le gusta.
Esta danza es la que don Albino sabe bailar, es su terreno, y el gobierno lo sabe. Con don Albino los conflictos se zanjan si la burocracia gremial sale bien parada, y si dicha burocracia puede exhibir aunque sea una “victoria” decorada o una victoria pírrica muy maquillada. Es decir, lo importante a negociar (en dicha lógica) es una salida victoriosa para la burocracia gremial y que podría implicar una derrota a las expectativas de los huelguistas, pero que igual le permita a la dirigencia seguir ejerciendo el poder sobre sus agremiados. Para Costa Rica es una lógica peligrosa.
Claro que yo desconfío de la burocracia sindical porque ella misma reproduce las estratificaciones de poder que se critican, y deja en el limbo la educación política de sus afiliados, connotados clientes electorales del PLUSC y del PAC. Porque la realidad de hoy se ha tejido con la complicidad de los empleados públicos que misioneramente se entregan cada 4 años a los partidos del gran capital, quienes con ellos pactaron beneficios y privilegios notables que hoy no quieren cuestionar ni limitar. Y los trabajadores a los grandes capitalistas premiaron sirviéndoles en bandeja los 3 poderes de la República. No somos inocentes. Nada inocentes. Del todo no lo somos. Todos los costarricenses tenemos parte en los molinos de esta incertidumbre. Así nos relacionamos y se relacionaron los bloques sociales. Esa es la gran historia que hay detrás del conflicto, con sus dinámicas, sus momentos y sus posibilidades.
En lo apuntado trato de verter el menor juicio moral. Subrayo el hecho. Es un hecho impresionante. Por ello, siempre destaco la condición de que toda democracia necesita una izquierda que abogue por el pata rajada y del que no lo es tanto, porque en una democracia policlasista, como la nuestra, el capital y el gran capital tienen sus propios partidos políticos que pueden financiar con creces, y debe corresponder organizar lo suyo a los trabajadores y humildes de la patria.
La plebe necesita de sus propios tribunos, de sus propios cónsules, no solamente para pedir mejoras salariales sino también para ser parte del poder democrático del Estado. En buena letra, los gremios deberían aliarse para tener dentro de sus múltiples objetivos el contar con una fuerza política electoral. Si ello ocurriese, se fortalecería el acontecer diario y democrático de los gremios, y nuestra democracia llegaría a ser más democrática.
El partido de los trabajadores debe ser literalmente el partido de los trabajadores, no el partido de quienes consideren un deber representarlos y exhortarlos en su propio nombre. No puede ser el partido que de antemano le diga al oprimido toda la ruta y todo el detalle de cómo luchar y emanciparse. El partido de los trabajadores, el de sus sindicatos, para que tenga sentido, seria muchas cosas, menos una dictadura o el proponente de una dictadura.
Los gremios no tienen que necesitar ser representados por RN, el PLUSC, el PAC y otros. Si van a hacer gremialismo es mejor que lo hagan desde la Asamblea Legislativa o desde Zapote. Pero sí, tendrán que pedir los votos y ser electos por el pueblo. Ese es el principio de la democracia policlasista que la dirigencia sindical no se plantea y menos plantea a sus afiliados.
Asentado sobre la realidad de una democracia policlasista es que el presidente Alvarado debe actuar y resolver. Somos la democracia que somos y no la democracia imaginaria de cada uno. Si tuviera la oportunidad yo le diría al Presidente que el actual plan fiscal no me satisface, que daña mi hígado que Dos Pinos y Coope-Arroz no paguen impuestos y que ello debe ser enmendado por el Plenario legislativo, tanto como la barbaridad de las iglesias, de todas las denominaciones, que no tributan. Precisamente porque este proyecto es negociado con los legisladores por un gobierno en franca minoría parlamentaria, no es sorpresa que el mismo no ofreciera una simetría de justicia que a todos satisficiera.
El tiempo apremia. El país necesita para octubre 200.000 millones para hacer frente a las deudas. Este proyecto de ley no es el final, ni mucho menos, del debate sobre la justicia tributaria. Es conocido que la evasión fiscal se cuece principalmente en el ámbito de los ingresos sobre la renta y ganancias al capital, y en menor medida por concepto de lo generado por el IVA, pero igual, es sustancial. El IVA se mantiene en su 13%. Y sí, es cierto, el presente proyecto de ley no le hace honor al principio de la justicia tributaria.
Este paquete sigue liberando de responsabilidades tributarias a los 197 regímenes de exoneración existentes esparcido en 200 leyes, donde destaca el régimen de cooperativas; exento también se encuentra el régimen de zonas francas; también es inadmisible que el 25% de las empresas afectas al Régimen de Grandes Contribuyentes haya declarado cero ganancias entre el 2010 y el 2016, según la Contraloría General de la República. Esto solo habla de la voracidad e inmoralidad de amplios sectores empresariales, que se esconden detrás de la legalidad para delinquir.
El proyecto presentado por el gobierno de Carlos Alvarado NO resuelve el problema fiscal del país. No resuelve los graves dilemas de la justicia tributaria. De hecho el proyecto de ley es injusto porque grandes sectores del capital siguen exentos de tributar, y en la crisis de hoy ello no es más que un asalto a mano armada. Lo evidente es que la actual iniciativa obedece a la necesidad de recoger recursos frescos, “platita”, frente al espanto inmediato de caer en el abismo. La nación se desangra y hay que suturar la herida para colocar al paciente en cuidados intensivos. La mentira más grande que pueda decirse es que el gobierno, con su iniciativa legislativa, resolvería la crisis fiscal; y lo justo más evidente es la imperiosa necesidad, angustiante, de gravar con un machete afilado la renta que no tributa, que es la renta de los grandes capitalistas.
El presidente Alvarado ha sido sensato y pronto se ha dispuesto a detener la hemorragia. El presidente Alvarado no es el responsable por los actos de las anteriores administraciones. A tan solo 4 meses de estar en el gobierno, ha decidido tomar el toro por los cuernos. Por ello fue electo. Por ello lo apoyo.
La solución no consiste en arrodillar al gobierno, y tampoco debe ser el objetivo de esta administración humillar y derrotar a los trabajadores del sector público, sino seguir impulsando una legislación que conlleve justicia tributaria para “que el pobre pague como pobre y el rico pague como rico”. La gracia sería que la burocracia sindical pudiera comprometer al gobierno central y a la Asamblea Legislativa, para concertar en el plazo de unos meses los mecanismos para definir los nuevos tributos sobre la renta y con ello atrapar a los peces gordos exonerados o a los que incumplen con su deber tributario.
Ahora, que la canasta básica se pretenda gravar con el 1% lo consideraría ignominioso sino fuera por el razonamiento que hay detrás de la propuesta. Es el siguiente: extender a los servicios que no facturan el deber de tributar. El método “Sherlock Holmes” es el de descubrir y seguirle las pistas a los evasores y este mínimo impuesto a la canasta básica sería instrumental en detectar los encadenamientos de producción y distribución de bienes. También sería justo y racional devolverle a los segmentos pobres de la sociedad, en efectivo y en servicios, el aporte hecho con su 1% . Ello es factible y las partes negociantes deben abocarse en definir su implementación. Es un tema que podría negociarse en términos de su durabilidad o vigencia. Este 1% debería ser evaluado al cabo de 1 o 2 años para determinar su eficacia. No se olvide, por otra parte, que las familias más pobres serían exoneradas, como debe ser, de los pagos en transporte público, electricidad, agua y alquileres.
Si algo he reclamarle al presidente Alvarado, pero muy particularmente a su equipo de comunicación, es la gravísima incompetencia para comunicarle al país -en el lenguaje popular- lo que es y no es el proyecto presentado por el Ejecutivo y macheteado en la Asamblea Legislativa. Sin comunicación, sin pedagogía, el vínculo de gobierno con el pueblo es precario. El señor Presidente debe saber que él y su gobierno en eso han fallado estrepitosamente.
Hay que evitar a toda costa la caída al precipicio que en las actuales condiciones del caminar bordeamos, donde hay un abismo insondable que nada bueno depara, frente al cual la ciudadanía no debería de agradecer esos “empujoncitos” fatales ni las irresponsabilidades populistas que incitan a la quema de la casa de todos: Costa Rica.
El sentir popular apoya esta huelga pero no sus métodos coercitivos, y es el sentir de pueblo, también, que tanta calamidad se resuelva mediante el diálogo. El sindicalismo debe deponer sus métodos coercitivos, y el gobierno, junto a los diputados, abrirse a una política de cero tolerancia frente a los grandes evasores del tributo de la renta, y a la necesidad de incluir en dicho tributo, en calidad de obligados, a los grandes capitales hoy exentos de esta responsabilidad social, como inmoralmente es el caso de La Dos Pinos y Coope-Arroz.
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miércoles, 19 de septiembre de 2018

Hoy vuelvo a votar por Carlos Alvarado



Frente a las tiranías, a los pueblos asiste el derecho a la insurrección, como en Honduras, como en Nicaragua. Pero en Costa Rica, y lo quiero decir con énfasis, no vivimos bajo ninguna tiranía.
Bien que mal, la mayoría costarricense decidió convivir con un mínimo de reglas democráticas porque, de otra manera, terminaríamos en un despiadado canibalismo.
Hace mucho tiempo y porque mi trabajo de entonces en ello consistía, fui testigo y me tocó reportar sobre las macabras consecuencias de la locura genocida en Ruanda y Perú. Lo innombrable se entrecruzaba entre hutus y tutsis, entre senderistas y el régimen fujimorista. Fueron experiencias muy amargas para dichas sociedades, experiencias que todavía se recuerdan con dolor y angustia.
Fueron pueblos secuestrados por el odio, que nadaron en el odio y se ahogaron por mucho tiempo en el odio.
Guardo dicha memoria conmigo y la ofrezco como reflexión para rechazar siquiera UN ÁTOMO de odio en la nación costarricense. Que nuestras diferencias son graves y profundas, puede ser, y no me extraña que así lo sean en la presente coyuntura. PERO en una realidad donde todos creemos tener la “verdad”, no queda otra vía que la de dirimir dichas diferencias democráticamente, por la vía de los votos.
Hoy la reforma fiscal se encuentra en manos de la Asamblea Legislativa y le toca a ella misma decidir su suerte. Es así y debe ser así. De otro modo estaríamos sembrando las semillas del canibalismo.
No se puede permitir, por ejemplo, el sabotaje en RECOPE y el bloqueo de las vías públicas, precisamente porque NO vivimos en tiranía y porque tenemos los recursos democráticos e institucionales para dirimir las diferencias.
Hoy me decidí con vehemencia: apoyo al presidente Carlos Alvarado frente a la irracionalidad de las vías de hecho, rutas que solo desazón y dolor ya acarrean a la nación costarricense. Sea la Asamblea Legislativa la que dirima esta aflicción.
La razón fundamental por la cual apoyé al joven Carlos Alvarado sigue vigente: tuvo que ver, precisamente, con la defensa del patrimonio democrático de Costa Rica, frente al asalto desvergonzado que en contra de ella tejieron, sin contemplación, los adversarios de Restauración Nacional. Había que hacer lo indecible para que la misoginia, la homofobia y la xenofobia no se apoderaran de Zapote.
No me arrepiento, ni jamás me voy a arrepentir, de haber contribuido modestamente a su victoria. Antes de las votaciones, dije sobre él lo siguiente: “La silla de clavos se la deseo a la persona indicada, al más capaz en todo y al ser humano que hoy afirma el sentido republicano de nuestra nación. Mi candidato no es ningún mesías; más bien, le pronostico momentos de tribulación, porque la silla presidencial con sus clavos duele. Y puede hasta que lo adverse. Pero con Carlos estaré seguro de que el derrotero republicano no será torcido, porque con él sabré que el INAMU no será cerrado y porque con él Costa Rica seguirá siendo parte integral del sistema internacional que protege los derechos humanos.”
A continuación seguí manifestando:
"Pero nadie mejor que Carlos para dirigir un proyecto donde ningún partido político tendrá una mayoría en la Asamblea Legislativa. Carlos en la presidencia sería garantía de autocontrol, equilibrio y sensatez. Hay que tener de natural las cualidades dichas para navegar en los inhóspitos canales de la labor parlamentaria, labor que requiere de un estilo de personalidad que no sea provocadora, que no sea impulsiva y menos que sea pendenciera. Carlos no es un iluminado o un profeta que haya dicho que posee la verdad absoluta en los asuntos públicos; su humildad tiene fundamento en su estudio, en su capacidad innata para dialogar y para concertar acuerdos. No es un hombre del “todo o nada”. Su innata condición de líder se demuestra con su aplomo, su don de gente y su decoro reflexivo.”
El señor Presidente goza todavía de mi confianza. De memoria me sé que una cosa es ser candidato y otra presidente; de memoria me sé que una cosa es tener mayoría parlamentaria y otra muy distinta es llegar con 10 diputados; de memoria me sé que con la reformas fiscales todo el mundo brinca y aúlla; y de memoria me sé que el presidente Alvarado ahora se encuentra sentado en un sillón de clavos.  Pero también sé que ahora él hace lo correcto: actuar lo mejor que se pueda para apuntalar la gobernabilidad económica de la nación.
Recordando las anteriores razones por las cuales apoyé a Carlos Alvarado, las vuelvo a RATIFICAR para decir, otra vez, que el señor Presidente goza de mi entera confianza, que no me ha defraudado.

https://www.elpais.cr/2018/09/19/hoy-vuelvo-a-votar-por-carlos-alvarado/


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domingo, 9 de septiembre de 2018

Carlos, la huelga y el lenguaje democrático

Hoy asistimos, en nuestra patria, a una guerra declarada en contra del lenguaje, de la palabra misma, que es decir de la inteligencia y de nuestro mejor “yo” colectivo.
Verdad es  que dicha guerra ha impedido una claridad pública, indispensable, frente al debate de la reforma fiscal. Conviene exponer algunos presupuestos que sobre el tema se vinculan entre sí y que se asumen desde la filosofía política.
Elegir de presidente a Carlos Alvarado resultó en una RESISTENCIA urgente frente al extremismo antidemocrático de los restauradores, resistencia que no debe interpretarse como un cheque en blanco en favor del novel gobernante.
Quienes apoyamos a Carlos Alvarado debemos ser, ahora, los celosos fiscalizadores de su obra en marcha y de sus convenciones discursivas.
Dichosamente, en todo caso, el corazón de la democracia tica se salvó, pero dejando los pelos en el alambre.
Ahora el cataclismo inmediato es otro: jugar a la ruleta rusa con la debacle fiscal. Se sabe que no hay chocolate sin cacao, y que el chocolate ha de ingerirse con ciencia. La borrachera del cacao se terminó.
El sobresalto eleccionario, el último, dejó una Asamblea Legislativa muy fragmentada, poco brillante, y con una representación de gobierno en extremo minoritaria.
Carlos Alvarado gobierna con una cuota muy disminuida de poder, con una cuota de poder que le complica sus iniciativas legislativas y que obliga al malabarismo y al pragmatismo. Así lo decidió el elector, fue la voluntad del soberano.
La democracia no es el reino de los cielos, sino un campo abierto de posibilidades, en constante conmoción y redefinición, originalmente inspirada en el liberalismo político. He recordado.
La democracia no es la justicia social, sino tan solo su antecedente. La democracia es la posibilidad de la libertad, la posibilidad de la justicia social y la de cualquier otra justicia. Si los trabajadores del mundo exhiben logros, muchos o pocos, ellos nacieron desde la libertad para la libertad. Nacieron en el itinerario de la democracia.
Hoy, ahora, con los nuevos aires de resistencia -después de superado el trepidante susto electoral- hay que volver a convocar voluntades para reinventar la palabra y su abecedario democrático.
No hay democracia sin discurso democrático. Sin abecedarios nadie escribe. Y sin un texto nadie lee, nadie interpreta. Y las patrias se hunden. Y las patrias se van. Los sueños se destiñen y huyen de la famélica palabra. Algunos nunca volverán.
Sin un discurso común, democrático, la inteligencia se exila y los desencuentros se expanden, como epidemia en casa propia.
La renovación de los lenguajes plurales se convierte, entonces, en una urgente necesidad nacional. Quizá, en su primera necesidad, la más estratégica. Pues su impacto se mide en generaciones, y en términos de su alfabetización democrática.
No es que no podamos hablar en lenguas angelicales; el problema es que los asuntos públicos de hoy carecen de un idioma común, -en intención y significado-  uno que todos podamos entender, con la idea de poder resolver los apremios políticos, culturales y económicos de la nación.
Sin un idioma político afinado y común, es casi imposible proponer y ser entendido bajo las luces de un reflector inteligente y gentil.
Urge lo más urgente: un lenguaje común que permita negociaciones políticas racionales, diálogos inteligentes, en aras del bien común. Porque urge mucho, muchísimo,  solucionar ahora tanta cosa pública, pero sobre todo, la agonía fiscal.
¿Por qué así lo digo? Simplemente porque pensar, dialogar y hasta resolver los múltiples desafíos de las comunidades, requiere todo de discursos o convenciones discursivas mínimamente lógicas, mínimamente racionales y mínimamente coherentes.
Cuando ello falla, la coherencia, como virtud del pensamiento, se vuelve indigente.
La coherencia, así referida, es coherencia lúcida e informada, es coherencia equilibrada y distante de la superchería, es la palabra requerida, la palabra urgente, pues ella es la columna vertebral del discurso democrático y de sus aspiraciones libertarias.
En este caso, la incoherencia es el rostro de la banalidad, es el rostro de la ineficiencia, y sin duda, la entrada de una puerta ancha que conduce a la corrupción.
No son palabras bonitas. Se trata de encontrar un método comunicacional que permita solventar los problemas, los nudos, que la concretud  presente, como la malignidad de la crisis fiscal.
Sin coherencia, el animal político no podrá parir el porvenir.
Otra vez: ¿por qué así lo digo? Porque no es únicamente la pobreza material lo que aflige al país, sino  que también lo aflige una cierta miseria verbal, junto a una crónica desnutrición de la razón.
No me arrepiento, ni jamás me voy a arrepentir, de haber contribuido modestamente a la victoria electoral del presidente Alvarado. La libertad tiene sus prioridades y el pueblo demócrata sus obligaciones.
Pero el presidente Alvarado se encuentra conminado a ejercitar la gramática del demócrata y a traducir los lamentos del pueblo.
Se ha fallado en el mensaje justificante del plan fiscal. Existe una desorientación masiva innecesaria y una carencia de “pedagogía” de parte del gobierno.
El pueblo no es experto en teoría tributaria, pero sí es sobradamente conocedor “del peso más, del peso menos.” El pueblo sufre y no es metáfora. Cuando la comida y la vivienda suben de precio, tanto como los precios del transporte y la medicina, el pueblo sufre. Se entristece más de la cuenta. Su esperanza se fatiga. Se enoja.
Yo recuerdo -cuando mis tiempos fueron las edades de las vacas flacas- cuando alguna vez por falta de una moneda no tomé el bus que me llevaría a la ciudad, porque la escasez era la norma; siempre mirando al suelo, buscando dicha moneda en la polvorienta vereda de una finca. Uno nunca perdía la fe de encontrarla, la moneda, antes de la aparición del transporte y uno deseando que llegara tarde.
Para el pueblo modesto no existe impuesto pequeño.
El Presidente de la República debe ser el primero en decirlo, en reconocerlo, con una actitud de empatía hacia los que menos tienen, porque no son menos personas que los ciudadanos que tienen mucho, o, menos gente, frente a quienes, simplemente, tienen más.
Al pueblo humilde ha de tratarse con el mayor decoro. Con frecuencia los gobiernos lo olvidan, porque la conversa con los profesionales y los grandes burgueses encandilan los pasillos de la agenda.
No. Sean los vulnerables, los desposeídos, los ojos del gobernante. Gobernar se debe con la razón y el corazón. Ello es el canto general de un buen gobierno.
Pero los cantos de la presidencia deben ser divulgados y explicados, dialogados y rectificados, en el mejor de los lenguajes: el inteligible. Sin él, la justicia multiplica su lentitud y la libertad se sofoca con temperaturas abusivas. Al finalizar la jornada, el ingenuo exclamará y preguntará: “pero por Dios, ¿de dónde salió el estallido social?” La pregunta  llegó tarde.
¿Qué otra cosa puede sentir el pueblo cuando oye que la canasta básica podría ser gravada? Porque para las mayorías la palabra “impuesto” es sinónima de “machetazo”. Y la palabra “gobierno” es sinónima de “corrupción”. ¿Le explicó bien al país, el presidente Alvarado, en qué ganan y en qué pierden los humildes?
Porque al pobre le gusta ganar, no le gusta perder, quiere consumir y no quiere sufrir. Prácticamente, en ese sentido, el discurso del pobre se asemeja al del rico o al de un clase media. Igual, ello debe respetarse y entenderse  dicho sentir en toda su dimensión política y emocional.
Nuestra democracia no es la democracia de una sola clase social; es una democracia policlasista, donde empresarios y trabajadores, estudiantes y vendedores ambulantes, empleados y desempleados, optan por convivir en paz y a la sombra de una economía capitalista.
Esa es la realidad que el pueblo acepta y defiende.
El pueblo  construye dicha realidad, en su texto, en franca pugna con los privilegios y el abuso del capital.
Yo sé, conozco, de las buenas y honestas intenciones del presidente Alvarado. Fácil se adivina que quiere ser un exitoso “gerente”. Fácil se adivina su deseo de sacar al país, con bien, de la presente crisis fiscal. Pero no es ocioso recordarle, si fuera el caso, que Costa Rica no es Amazon, ni Google, ni Walmart.
El país requiere de un presidente y no de un administrador. Si no, ¿para qué  la política?, ¿para qué la democracia?, ¿para qué la razón? ¿para qué el diálogo y la paz?
La patria no necesita de dichos capitalistas para plantar modelos de eficiencia en nuestros asuntos públicos. Porque ninguna transnacional nos va a enseñar cómo hacer patria. La patria policlasista se construye a través de un abecedario democrático común, inclusivo y racional.
Pedirle al pobre sacrificio es muy delicado, es un acto moral de traición si dicho acto carece de sólidos fundamentos y de justificaciones pertinentes. El presidente Alvarado lo sabe.
Cuando digo “pueblo” entiéndase los humildes y los pobres.
La patria la hacemos entre nosotros. El Ejecutivo explicándole bien al pueblo y a los diputados la intención y la técnica de la reforma tributaria. Y los legisladores actuando con responsabilidad, proponiendo luces para desentrabar el “debate”.
No me parece, en las actuales circunstancias, que el llamado a la huelga nacional traiga un beneficio. No trae ninguno. El sindicalismo que hoy demanda el país es uno que proponga soluciones a los problemas nacionales, de manera que coadyuve a la gobernabilidad democrática, laica y social de toda la comunidad.
A la cúpula sindical le asiste el derecho a la huelga, pero no le asiste la reverencia de la razón. No ahora. El pueblo no está claro, y se pregunta que si lo que defiende la alta burocracia gremial son los privilegios de unos pocos muy poderosos, que con sus gollerias gravitan en el sector público, o, si su quehacer es una pose demagógica para enhebrar a los más pobres a una tela de oscuros e inconfesables intereses.
La pregunta es válida:   ¿por qué defender el enganche salarial de los médicos?,  ¿por qué defender el goce de anualidades irracionales?, ¿por qué defender dedicaciones exclusivas inmerecidas, con pagas desiguales entre “iguales”? ¿Es justo que muchos miles, de los 26.800 funcionarios públicos, gocen de privilegios aberrantes?  ¿Es honrado decir que una burocracia sindical, que dice representar al 13% de la fuerza laboral, en el mejor de los casos, tenga el atrevimiento de proclamar como suya la representación del 83% restante que trabaja en el sector privado?
¿Hace bien la Asamblea Legislativa en proponer exonerar de impuestos a quienes pueden pagarlos, llamesen iglesias, cooperativas, zonas francas, salud privada, educación privada y otros?
No se vale defender parcelas sin proteger todo el territorio.
Con todo, no me parece inconveniente que el Presidente converse con la burocracia sindical, incluso en media huelga, aunque los jueces la declaren ilegal. Las procesiones hay que mirarlas de cerca y no de lejos; quizá hasta caminarlas, a paso medido y contado. Pero caminarlas.
Requerimos de convenciones discursivas mínimamente lógicas, mínimamente racionales y mínimamente coherentes, para resolver los múltiples desafíos que la nación encara, no solamente los del plan fiscal. Lo demás es voluntad patriótica.

https://www.elpais.cr/2018/09/09/carlos-la-huelga-y-el-lenguaje-democratico/

martes, 4 de septiembre de 2018

El caso de Paola Vega: un respetuoso intercambio de opiniones


"Don Allen, qué opina del hecho de que; el Gobierno de la cual doña Paola es parte, llegó sl poder utilizando la Iglesia por medio de la “campaña de la Negrita” ?? Indudablemente, este fue el factor que inclinó la balanza: los católicos terminaron por decantarse por el PAC, a pesar de todo, con el argumento de que eran los “defensores de la Fe”. Se vale eso don Allen?"
MI RESPUESTA
"Don Gustavo: muchas gracias por comentar y preguntarme. Con la democracia pasa, a veces, como lo que ocurre con algunos acalorados juegos de balompié. El evento se descompone, los futbolistas se tornan violentos y de las gradas llueven sillas y escupitajos. Y al árbitro hay que sacarlo entre policías, esconderlo y pagarle otro hotel. En principio, en buena teoría, ello no debe ser así. Lo cierto es que ocurre, ocurrió y seguirá ocurriendo.
En todo caso, lo que sí defiendo es que a todo aspirante a presidente, sea quien sea, le sean buscadas todas sus pulgas. Por ello, la libertad de prensa debe al máximo defenderse, aunque no sea ella una garantía 100% de la “verdad” cualquiera que ésta sea.
Claro que el país necesitó saber quien era Ronny Chávez por una razón: por la cercanía casi íntima entre él y Fabricio Alvarado, porque este “mesías” no era una persona cualquiera, sino un fanático religioso de mucha influencia. Ese era un dato que no podía permanecer en el closet -como lo quiso siempre así el diputado Carlos Avendaño- porque en una democracia que se precie de serla, ésta debe ser capaz de levantar enaguas y sotanas a tirios y troyanos. En una contienda electoral, ello no solamente es deseable sino casi hasta obligatorio, sobre todo observando que el ciudadano enfrentaba la novedad de tener que elegir entre un proyecto filo teocrático y otro democrático.
La grosería y el analfabetismo político desplegado en contra Paola Vega, en nada se parece, ni nada tiene que ver, con la justa necesidad de saber lo importante que Chávez era en la vida de Fabricio Alvarado. Después de todo, este caballero pudo haber llegado a la presidencia, a dirigir su destino político, lo que, a mi juicio, nos hubiera llevado, como país, a un alucinante mundo plagado de malas consecuencias, todas ellas para nuestra democracia y sus valores republicanos."

lunes, 3 de septiembre de 2018

Solidaridad total con Paola Vega

Paola Vega es una diputada culta y sagaz, heroína de la democracia y fiel abogada de la libertad. El padre Sixto Varela no sabe lo que dice, no supo lo que hizo, pero sí pudo ofender de la manera más rastrera posible a una representante del pueblo, a quien le asiste toda la justicia y toda la razón.
Ofendió el padre Varela el decoro ciudadano, con maldad, y en detrimento de los principios liberales y republicanos de nuestra nación.
Conviene que las instituciones religiosas y del estado convivan en paz y completamente separadas  unas de otras. Este entendimiento protege la libertad de quienes creemos, la libertad de los que no creen y, sobre todo, es un ingrediente esencial para la paz.
Por eso mismo, sigo concluyendo que el propio engendro del partido Restauración Nacional está viciado por nunca haber considerado la trascendencia histórica de separar lo religioso y lo político.
La laicidad no es un capricho o una extravagancia; la laicidad es un concepto que se fue labrando a raíz de  las infames guerras religiosas. La democracia le puso un freno a la intromisión del clero en los asuntos públicos y se instauró con ello una política secular de estado, piedra de la democracia occidental.
Hoy en día las instituciones religiosas no pueden ni deben funcionar al margen de la democracia.  Nos guste o no, el Estado debe representar en buena teoría a todos los ciudadanos por igual, con independencia de credos y no credos.  El estado no debe ser el nido de una buena o mala teología, ni el castillo de una buena o mala ciencia.
Es que el Estado no debe confesar otra cosa que la democracia y su adhesión a  los principios republicanos del liberalismo político. Nos guste o no el Vaticano ha sido condenado en los estrados judiciales estadounidenses, en los billones de dólares, por su corrupción y abusos sexuales; el mensaje es claro: se terminó la impunidad. Conviene recordarle al padre Varela que la autoridad moral del clero católico anda por los suelos y que se arrastra podrida. Las personas que esto lean saben a lo que me refiero.
La iglesia (cualquier iglesia), sus instituciones y su clero no pueden ni deben estar por encima de la ley y de su institucionalidad democrática. La iglesia debe responder por todos sus actos frente al conjunto de la sociedad, y a sus feligreses les asiste el derecho al democrático manejo de sus congregaciones. No digo todo esto con encono ni mucho menos, pues estas palabras son el fruto de una mente serena y hasta callada; lo digo porque es mi deber como ciudadano de una república democrática alertar a mis compatriotas sobre el peligro de mezclar política y religión. Y no me cansaré de hacerlo.
La civilización occidental, de la cual somos parte, se fue abriendo paso al fragor de interminables y crueles guerras lideradas por la Iglesia en las praderas del mundo medieval y del moderno.
La Guerra de los 30 Años (1618-1648), por ejemplo, marca una etapa arteramente cruel y genocida entre cristianos católicos  y cristianos reformados, guerra de las casas imperiales europeas que se disputaban el control político de Europa, sangría que tuvo que hacer un alto con la firma del Tratado de Paz de Westfalia. Toda iglesia cristiana del mundo debería dedicarle, al menos, un sermón al año a esta tragedia y con ello reflexionar sobre los incendiarios peligros de mezclar política y religión.
Ciertamente los Estados del norte de Europa llevan bien en su pecho las lecciones aprendidas de la cruel intolerancia religiosa, flanqueados por el alto nivel de responsabilidad cívica de sus iglesias nacionales y de sus ciudadanías.
En Costa Rica no existe dicha tradición, no tenemos la madurez cultural de sociedades como la noruega o la sueca, para entender plenamente el lugar que ocupa la religión en una sociedad democrática.  En nuestro medio, entonces, resulta justificado conferir laicidad al Estado como un ingrediente que contribuye a la causa de la paz y la igualdad ciudadana. Llegó la hora de terminar con las exenciones fiscales que se otorgan a la Iglesia; llegó la hora de poner a tributar a todas las iglesias.
Siendo nuestra sociedad tan permeable frente fundamentalismo religioso de cualquier signo, es consecuente, en nombre de la libertad y la democracia, delimitar con mejor certidumbre las restricciones que de lo público deban tener las instituciones religiosas. No es capricho lo antes propuesto, pues no es un secreto que ciertas toldas religiosos buscan denodadamente el poder político, lo cual es muy peligroso como lo ilustra la historia.
A Paola Vega yo le digo, “diputada siga adelante, no desmaye, que por lo que usted cree, yo tambien pongo el pecho.”

https://www.elpais.cr/2018/09/03/solidaridad-total-con-paola-vega/

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