Ciertamente me causa asquillo la perorata insulza en contra del derecho a la sindicalización y a la huelga. No por ello estoy obligado a apoyar esta huelga, porque decir huelga no siempre es sinónimo de razonabilidad y justicia. A los huelguistas lo asisten buenas razones, preocupaciones justas, pero los métodos coercitivos de algunos de ellos son ingratos a los derechos de otros ciudadanos. La huelga del "todo o nada" no se justifica. La intransigencia sindical no es la mejor ruta. Empero, esta huelga tiene la virtud de haber obligado a un debate nacional. Nos lleva a debatir sobre la justicia o no de los impuestos, sobre las exoneraciones, sobre la deuda pública y la evasión fiscal pero, sobre todo, sobre la evasión de un sector de grandes capitalistas que no tributan ni su renta ni sus ganancias.
Para arrinconar a las cámaras patronales para que ellos y sus empresas paguen como ricos y nada evadan, para que tengan sobre sus hombros el peso principal del financiamiento de los servicios del Estado, los trabajadores necesitamos un gobierno de los trabajadores, que afirme el poder y la hegemonía de los trabajadores, cosa que NUNCA ha ocurrido en el mundo. He aquí una primera simplificación a meditar y que es un ejemplo salido de la realidad. Por supuesto, nunca se debe renunciar a la exigencia que los ricos tributen como ricos y ello es, en alguna medida significativa, posible en nuestra democracia.
En Costa Rica el PT pide cada 4 años el voto para un gobierno de los trabajadores y frente a dicha propuesta la sordera del pueblo es aplastante. El pueblo hasta se mofa, ingratamente, de dicha propuesta. El Frente Amplio no pide tanto como un gobierno de los trabajadores, pero cuando sacó muchos votos y muchos diputados dilapidó irresponsablemente dicho capital moral y electoral. Las mentes cuerdas de la izquierda no desconocen esta realidad fiscal tal como es, porque para transformar dicha realidad se necesita verla tal como es, en su dinamismo, para proponer su reforma que es una demanda constante.
Lo que en el fondo nos queda es esta democracia, muy nuestra, enclavada en la única realidad económica que existe que es la capitalista (sin demeritar los islotes que encuentran los antropólogos en sentido contrario) que a su vez es el marco de las posibilidades democráticas y de progreso inmediatas dentro de los límites que dicha realidad impone, límites que deben ser revisados democráticamente cuando de ello haya necesidad.
De manera que en esta realidad “burguesa”, donde ciertamente la razón del capital es su columna vertebral , es la que ahora existe, que no por ello debe dejar de ser cuestionada. A mi me tuerce la nuca que los sindicatos sean incapaces de tener sus propios diputados y sus propias aspiraciones de gobierno. El problema central es que el sindicalismo en Costa Rica es 100% gremialista, uno que no cree en algo que se podría llamar “poder propio”, un sindicalismo que no aspira a ser él mismo gobierno sino cliente del gobierno de turno.
Son los propios dirigentes gremiales quienes subordinan a los trabajadores a la carreta burguesa de la política escrita con mayúscula. No saben a dónde ir o prefieren, los burócratas gremialistas, estar donde están y conciliar cada vez que se pueda con el orden capitalista establecido. El sindicalismo así entendido y practicado no es en esencia progresista y, en no pocas ocasiones, es muy regresivo y conservador. Conviene distinguir entre el burócrata gremialista y los trabajadores afiliados, pues los primeros tienen intereses propios de casta y privilegio que no necesariamente coinciden con los intereses de los agremiados. Un caso es la ANEP, que se distingue por su manejo autoritario, clientelar y caudillista, personalísimo, en la figura de don Albino Vargas.
Ni la derecha ni los gobiernos han sido tontos. Siempre han privilegiado la interlocución de don Albino. Igualmente lo hacen los más importantes medios de comunicación colectiva y el resto de los organismos sindicales del sector público. Los primeros, porque con él se puede pactar; los segundos, porque amplifican su presencia; y los terceros, porque en una suerte de pusilanimidad le ceden a don Albino la primera plana y el show mediático que a este señor tanto le gusta.
Esta danza es la que don Albino sabe bailar, es su terreno, y el gobierno lo sabe. Con don Albino los conflictos se zanjan si la burocracia gremial sale bien parada, y si dicha burocracia puede exhibir aunque sea una “victoria” decorada o una victoria pírrica muy maquillada. Es decir, lo importante a negociar (en dicha lógica) es una salida victoriosa para la burocracia gremial y que podría implicar una derrota a las expectativas de los huelguistas, pero que igual le permita a la dirigencia seguir ejerciendo el poder sobre sus agremiados. Para Costa Rica es una lógica peligrosa.
Claro que yo desconfío de la burocracia sindical porque ella misma reproduce las estratificaciones de poder que se critican, y deja en el limbo la educación política de sus afiliados, connotados clientes electorales del PLUSC y del PAC. Porque la realidad de hoy se ha tejido con la complicidad de los empleados públicos que misioneramente se entregan cada 4 años a los partidos del gran capital, quienes con ellos pactaron beneficios y privilegios notables que hoy no quieren cuestionar ni limitar. Y los trabajadores a los grandes capitalistas premiaron sirviéndoles en bandeja los 3 poderes de la República. No somos inocentes. Nada inocentes. Del todo no lo somos. Todos los costarricenses tenemos parte en los molinos de esta incertidumbre. Así nos relacionamos y se relacionaron los bloques sociales. Esa es la gran historia que hay detrás del conflicto, con sus dinámicas, sus momentos y sus posibilidades.
En lo apuntado trato de verter el menor juicio moral. Subrayo el hecho. Es un hecho impresionante. Por ello, siempre destaco la condición de que toda democracia necesita una izquierda que abogue por el pata rajada y del que no lo es tanto, porque en una democracia policlasista, como la nuestra, el capital y el gran capital tienen sus propios partidos políticos que pueden financiar con creces, y debe corresponder organizar lo suyo a los trabajadores y humildes de la patria.
La plebe necesita de sus propios tribunos, de sus propios cónsules, no solamente para pedir mejoras salariales sino también para ser parte del poder democrático del Estado. En buena letra, los gremios deberían aliarse para tener dentro de sus múltiples objetivos el contar con una fuerza política electoral. Si ello ocurriese, se fortalecería el acontecer diario y democrático de los gremios, y nuestra democracia llegaría a ser más democrática.
El partido de los trabajadores debe ser literalmente el partido de los trabajadores, no el partido de quienes consideren un deber representarlos y exhortarlos en su propio nombre. No puede ser el partido que de antemano le diga al oprimido toda la ruta y todo el detalle de cómo luchar y emanciparse. El partido de los trabajadores, el de sus sindicatos, para que tenga sentido, seria muchas cosas, menos una dictadura o el proponente de una dictadura.
Los gremios no tienen que necesitar ser representados por RN, el PLUSC, el PAC y otros. Si van a hacer gremialismo es mejor que lo hagan desde la Asamblea Legislativa o desde Zapote. Pero sí, tendrán que pedir los votos y ser electos por el pueblo. Ese es el principio de la democracia policlasista que la dirigencia sindical no se plantea y menos plantea a sus afiliados.
Asentado sobre la realidad de una democracia policlasista es que el presidente Alvarado debe actuar y resolver. Somos la democracia que somos y no la democracia imaginaria de cada uno. Si tuviera la oportunidad yo le diría al Presidente que el actual plan fiscal no me satisface, que daña mi hígado que Dos Pinos y Coope-Arroz no paguen impuestos y que ello debe ser enmendado por el Plenario legislativo, tanto como la barbaridad de las iglesias, de todas las denominaciones, que no tributan. Precisamente porque este proyecto es negociado con los legisladores por un gobierno en franca minoría parlamentaria, no es sorpresa que el mismo no ofreciera una simetría de justicia que a todos satisficiera.
El tiempo apremia. El país necesita para octubre 200.000 millones para hacer frente a las deudas. Este proyecto de ley no es el final, ni mucho menos, del debate sobre la justicia tributaria. Es conocido que la evasión fiscal se cuece principalmente en el ámbito de los ingresos sobre la renta y ganancias al capital, y en menor medida por concepto de lo generado por el IVA, pero igual, es sustancial. El IVA se mantiene en su 13%. Y sí, es cierto, el presente proyecto de ley no le hace honor al principio de la justicia tributaria.
Este paquete sigue liberando de responsabilidades tributarias a los 197 regímenes de exoneración existentes esparcido en 200 leyes, donde destaca el régimen de cooperativas; exento también se encuentra el régimen de zonas francas; también es inadmisible que el 25% de las empresas afectas al Régimen de Grandes Contribuyentes haya declarado cero ganancias entre el 2010 y el 2016, según la Contraloría General de la República. Esto solo habla de la voracidad e inmoralidad de amplios sectores empresariales, que se esconden detrás de la legalidad para delinquir.
El proyecto presentado por el gobierno de Carlos Alvarado NO resuelve el problema fiscal del país. No resuelve los graves dilemas de la justicia tributaria. De hecho el proyecto de ley es injusto porque grandes sectores del capital siguen exentos de tributar, y en la crisis de hoy ello no es más que un asalto a mano armada. Lo evidente es que la actual iniciativa obedece a la necesidad de recoger recursos frescos, “platita”, frente al espanto inmediato de caer en el abismo. La nación se desangra y hay que suturar la herida para colocar al paciente en cuidados intensivos. La mentira más grande que pueda decirse es que el gobierno, con su iniciativa legislativa, resolvería la crisis fiscal; y lo justo más evidente es la imperiosa necesidad, angustiante, de gravar con un machete afilado la renta que no tributa, que es la renta de los grandes capitalistas.
El presidente Alvarado ha sido sensato y pronto se ha dispuesto a detener la hemorragia. El presidente Alvarado no es el responsable por los actos de las anteriores administraciones. A tan solo 4 meses de estar en el gobierno, ha decidido tomar el toro por los cuernos. Por ello fue electo. Por ello lo apoyo.
La solución no consiste en arrodillar al gobierno, y tampoco debe ser el objetivo de esta administración humillar y derrotar a los trabajadores del sector público, sino seguir impulsando una legislación que conlleve justicia tributaria para “que el pobre pague como pobre y el rico pague como rico”. La gracia sería que la burocracia sindical pudiera comprometer al gobierno central y a la Asamblea Legislativa, para concertar en el plazo de unos meses los mecanismos para definir los nuevos tributos sobre la renta y con ello atrapar a los peces gordos exonerados o a los que incumplen con su deber tributario.
Ahora, que la canasta básica se pretenda gravar con el 1% lo consideraría ignominioso sino fuera por el razonamiento que hay detrás de la propuesta. Es el siguiente: extender a los servicios que no facturan el deber de tributar. El método “Sherlock Holmes” es el de descubrir y seguirle las pistas a los evasores y este mínimo impuesto a la canasta básica sería instrumental en detectar los encadenamientos de producción y distribución de bienes. También sería justo y racional devolverle a los segmentos pobres de la sociedad, en efectivo y en servicios, el aporte hecho con su 1% . Ello es factible y las partes negociantes deben abocarse en definir su implementación. Es un tema que podría negociarse en términos de su durabilidad o vigencia. Este 1% debería ser evaluado al cabo de 1 o 2 años para determinar su eficacia. No se olvide, por otra parte, que las familias más pobres serían exoneradas, como debe ser, de los pagos en transporte público, electricidad, agua y alquileres.
Si algo he reclamarle al presidente Alvarado, pero muy particularmente a su equipo de comunicación, es la gravísima incompetencia para comunicarle al país -en el lenguaje popular- lo que es y no es el proyecto presentado por el Ejecutivo y macheteado en la Asamblea Legislativa. Sin comunicación, sin pedagogía, el vínculo de gobierno con el pueblo es precario. El señor Presidente debe saber que él y su gobierno en eso han fallado estrepitosamente.
Hay que evitar a toda costa la caída al precipicio que en las actuales condiciones del caminar bordeamos, donde hay un abismo insondable que nada bueno depara, frente al cual la ciudadanía no debería de agradecer esos “empujoncitos” fatales ni las irresponsabilidades populistas que incitan a la quema de la casa de todos: Costa Rica.
El sentir popular apoya esta huelga pero no sus métodos coercitivos, y es el sentir de pueblo, también, que tanta calamidad se resuelva mediante el diálogo. El sindicalismo debe deponer sus métodos coercitivos, y el gobierno, junto a los diputados, abrirse a una política de cero tolerancia frente a los grandes evasores del tributo de la renta, y a la necesidad de incluir en dicho tributo, en calidad de obligados, a los grandes capitales hoy exentos de esta responsabilidad social, como inmoralmente es el caso de La Dos Pinos y Coope-Arroz.
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